El contagio social es responsable, al menos en parte, del aumento de la disforia de género en las últimas tres décadas, pero la mayoría de las instituciones sociales encargadas de la protección de niños y jóvenes, incluidos gobiernos, universidades y escuelas, comisiones de derechos humanos, instituciones jurídicas y organismos deportivos, lo niegan con vehemencia.